http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_Acteal


El 22 de diciembre de 1997 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia de la comunidad de Acteal, en el Estado mejicano de Chiapas. De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares gubernamentales opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según testigos las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de "Las Abejas", simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares, presuntamente miembros del grupo Máscara Roja, en una operación que se extendió durante siete horas y que se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía.

Con respecto a la masácre, unas 100 personas, en su mayoría amerindios, fueron detenidos y luego recluidos en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.
El entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, afirmó en su momento que era necesario que la Procuraduría General de la República investigara en relación a los instigadores de esta masacre.

Entre los supuestos participantes figuraron ocho ex oficiales de seguridad pública que fueron condenados a penas de un poco más de tres años de prisión y luego fueron puestos en libertad. De acuerdo con monseñor Ruiz fueron estos oficiales los que propiciaron la matanza de indígenas o que de alguna forma no evitaron que se conformaran los grupos armados.

Según datos extraoficiales se cree que en Chiapas, en aquella época, operaban más de diez grupos paramilitares, que combatían al EZLN. Algunos activistas los vinculan al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 71 años en medio de críticas por presuntos actos de corrupción y autoritarismo.

Reanudado el proceso se ha encontrado en el expediente que existen 83 personas ILEGAL e ILEGÍTIMAMENTE presas alegando como cargos en su contra la portacion de armas de fuego, en el expediente obra que solo existen tres armas que se usaron durante los hechos, ademas de que ninguno de los consignados se obtuvo un dictamen positivo en la pericial de restos de polvora.


La sentencia causa penal 223 dictada en el 2007 condena a 18 personas por portacion de armas de fuego, haciendo incongruente los hechos notorios con la sentencia, ademàs de que sin basarse en dictamenes profesionales se condeno a los detenidos.





http://www.jornada.unam.mx/2007/10/10/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp

10 de octubre de 2007


El documental, del escocés Nick Higgins, coincide con el décimo aniversario de los hechos
Camino a una masacre, primer filme sobre la matanza de Acteal

“Nadie ha querido hacerse responsable y aplicar la justicia”, expresa el cinerrealizador

Premian al chiapaneco José Alfredo Jiménez para producir 10 años de impunidad y cuántos más
Carlos F. Márquez (La Jornada Michoacán)
Morelia, 9 de octubre. A 10 años del crimen de lesa humanidad en Acteal, Chiapas, se presentó ayer por la noche el primer documental sobre el tema, Camino a una masacre, del escocés Nick Higgins, en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

El documentalista, autor de Understanding the Chiapas Rebelion, publicada por la Universidad de Texas, ha mantenido una constante en su trabajo sobre el cual, en entrevista con La Jornada comentó: “Soy extranjero, pero pienso que soy alguien que después de 15 años mantengo el interés en buscar la verdad en Chiapas. Quería comunicar la realidad que encontré con un público más amplio y, a diferencia de un libro, las imágenes me permiten transmitir la emoción y el sentimiento de estar allí: en Acteal. Es momento para reflexionar, porque a 10 años esos crímenes siguen impunes y los paramilitares continúan en Chiapas”.

Camino a una masacre busca ubicar la matanza de Acteal en el doble juego del gobierno mexicano respecto del conflicto en Chiapas, es decir, observar la realidad a la luz de los Acuerdos de San Andrés, pero también en el contexto de la estrategia de terror paramilitar sobre la cual “nadie de más arriba ha querido hacerse responsable y aplicar justicia”.

Para realizar este documental, Higgins investigó durante dos años en fondos documentales de Estados Unidos y México, que lo llevaron a Carlos Martínez, videoasta indígena que hizo un amplio registro de los acontecimientos en Acteal seis meses antes de la masacre y en el que se percibe el incremento paulatino del terror que sembraron los paramilitares en la comunidad.

El documentalista asegura que su obra muestra la otra parte del conflicto que no narran las noticias, pues en ella hablan los indígenas sobrevivientes de Acteal. “La mayoría de las personas de Las Abejas habla con tanta fuerza y dignidad que es evidente que no quiere la venganza, sino la justicia, y muestra la buena voluntad de los zapatistas para entrar a los Acuerdos de San Andrés”.

Nick Higgins reconoció que se cometen crímenes de lesa humanidad por toda América Latina y otros pueblos de México, pero la realización de este documental lo llevó a concluir que “la fe de la gente hace especial a Acteal; ahora hablan de sus mártires y de su pueblo como una tierra sagrada. La conjunción de la teología indígena y el catolicismo les confiere una manera propia de pensar, y a pesar de que se vibra la pobreza en la que viven, su fuerza está en la cultura”.

El documentalista coincide en que 10 años después de la masacre es posible creer que ese atentado, lejos de fracturar la estructura comunitaria de Las Abejas, la fortaleció y dio a sus pobladores mayor confianza en sí mismos para tomar sus propias decisiones relativas al desarrollo que quieren alcanzar como pueblo.

Nick Higgins mantiene una visión parcial y crítica, que le permite “mostrar a los indígenas no como objeto, sino como sujeto” y considerar que “los mismos paramilitares son víctimas de una política demasiado cínica”.

Además lamentó que este tema sea desconocido por amplios sectores de la sociedad mexicana, sobre todo los jóvenes, “que no saben que en su propio país existe un mundo así”.

La noche del martes, en la presentación de Camino a una masacre, estuvieron presentes los líderes comunales de Las Abejas: Pablo Romo, Javier Ruiz Pérez y José Alfredo Jiménez.

Ayer se otorgó un reconocimiento al realizador José Alfredo Jiménez, originario de San Cristóbal de las Casas, quien recibió de Movie City y Renew Media 10 mil dólares para hacer su documental Acteal, 10 años de impunidad y cuántos más… Comentó: “me propongo hacer una memoria de los masacrados y denunciar, para que se vea lo que ha pasado después de 10 años. Quiero recuperar la palabra de las víctimas, quizás de los paramilitares y de las autoridades judiciales, para que cada sector diga lo que quiera y sea el público el que saque sus propias conclusiones para saber cuales son nuestras responsabilidades como pueblo mexicano”.







http://www.jornada.unam.mx/2007/11/05/index.php?section=politica&article=005r1pol

lunes 5 de noviembre de 2007

REPORTAJE /A diez años de acteal
Ninguno de los encarcelados ha sido sentenciado como paramilitar
El origen: múltiples episodios de un plan contrainsurgente

Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.
Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.

Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.


Alzamiento indígena
En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.
Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.

Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.
Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).
Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.

Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.

Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.
Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.

El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.

Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.
Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo.


Camino del abismo

¿Cuándo empieza el “camino” que desembocó en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis jóvenes de Chenalhó en las simas de Chixiltón, “hecho aislado” que la prensa local atribuyó a “brujería”, y que marcaría el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelhó, muy cerca de Chenalhó. Según informaba La Jornada (23 de mayo), “85 indígenas tuvieron que huir”. ¿O fijamos el principio al día siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Cristóbal Pérez Medio, representante del municipio autónomo, fue asesinado por priístas armados en Unión Yaxjemel mientras se dirigía a negociar con ellos la liberación de los primeros zapatistas rehenes? El clásico “maten al mensajero”. El gobierno nunca investigó. El cráneo y el cuerpo del maestro aparecerían por separado cuatro meses después, cuando la suerte de Chenalhó estaba echada.


Hermann Bellinghausen /I