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El espejismo que por años hipnotizó a cientos de miles de colombianos de ver multiplicado el dinero que entregaban a empresas ilegales de captación se rompió de tajo, con el anuncio de una de estas empresas de bajar los dividendos de un ambicioso 350% a un 70%. Allí fue Troya y las llamadas "Pirámides financieras" se vinieron abajo dejando caos, desórdenes civiles, saqueos, pobreza, toque de queda en siete poblaciones y,por el momento, un muerto.

Medios colombianos calculan en más de 850 millones de dólares los fondos perdidos, una buena parte perteneciente a los estratos más bajos de la población colombiana. Entre ayer y hoy, más de 30 empresas de ese tipo han quebrado y las autoridades han intervenido 66 sucursales de sólo una de ellas: "Proyecciones DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo)". 

Las protestas cobraron una víctima mortal hacia la medianoche del miércoles cuando enardecidos ahorristas la emprendieron contra el personero -defensor del pueblo- del municipio de Guesaco, Byron Santander, en el sureño departamento de Nariño, frontera con Ecuador.

Allí, según explicó a Clarín Fabio Trujillo, secretario de Gobierno departamental, tres hombres le dispararon al joven funcionario cuando salía por la puerta trasera de una de estas empresas captadoras. "El personero estaba haciendo una labor de arqueo del dinero que se encontró allá. Cuando se disponía a salir, se asustó con la gente que estaba frente al establecimiento y decidió salir por la puerta trasera. Allí se topó con tres personas que lo señalaron de intento de robo del dinero y le dispararon", según Trujillo.

Este hecho se sumó a una serie de disturbios que se presentaron en varias localidades y que llevaron a las autoridades a decretar el toque de queda en las ciudades de Pasto, capital del departamento de Nariño, y de Popayán, capital del Cauca. También, en los municipios de Túquerres. Tumaco, Ipiales, Santander de Quilichao y Villa Garzón, donde iracundos ahorristas se agolparon frente a las fachadas de las "pirámides" y destrozaron lo que encontraron a su paso. Escenas de robos de enseres, quema de las casas y enfrentamientos con la Policía fueron el denominador común.

Las "pirámides" son "financieras truchas" que captan dinero sin ningún respaldo. El mecanismo consiste en devolver a un "ahorrista" su dinero con unos intereses de hasta 100 o 150 por ciento, con base en los fondos aportados por personas que ingresan posteriormente a la "pirámide". El problema creció en las últimas semanas, cuando comenzaron a conocerse las noticias de la fuga de muchos de los coordinadores sin entregar el dinero prometido.

El gobierno está convencido de que detrás de las "pirámides" se esconde una práctica ilegal de lavado de dinero del narcotráfico. El presidente Alvaro Uribe se declaró alarmado por la situación, en tanto que sectores de oposición lo acusaron de no haber adoptado los correctivos en su momento, pues se presume que empresas de este tipo vienen funcionando en la nación andina desde hace unos cinco años. El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, pronosticó que el fenómeno generará una crisis social de gran magnitud. "Va a ser una situación social muy compleja. Son riesgos que no estaban amparados por el Estado y ahora nos toca encontrar los mecanismos para diseñar apoyo a los estafados. Miraremos cómo acompañar los procesos de liquidación. Es una problemática social enorme. Son cientos de miles los que hoy se declaran estafados. A uno le sorprende que la gente después de todo lo que se ha dicho, de la experiencia pasada, siga llevando sus recursos, entregando plata, gente de todos los niveles", señaló

La situación es tan compleja que varios economistas consultados por Clarín consideran que el hecho afectará radicalmente a la sociedad colombiana, golpeando en especial a las familias de clase media, que perderán la capacidad de ahorro y reducirán al máximo el consumo.

"La caída de las 'pirámides' va a empobrecer a la clase media colombiana. Mucha gente le apostó todos sus ahorros al espejismo que dejaban estos negocios y hoy quedan no sólo sin dinero sino con una gran deuda. Las consecuencias para la sociedad van a ser funestas", señaló a Clarín Ricardo Bonilla, director del observatorio económico de la estatal Universidad Nacional.

Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda de Andrés Pastrana (1998-2002), dijo que el hecho golpeará la economía colombiana. "Somos espectadores de un fenómeno que golpeará sensiblemente a la economía de nuestro país en un caso similar al que se registró en Albania en el año 1996, cuando por cuenta de este tipo de estafa se logró contagiar la economía y se registró un fenómeno con devastadoras repercusiones políticas y sociales", señaló a Clarín.

Para complicar aún más la situación, en la sede de una de las "pirámides" de Pasto los estafadores dejaron un aviso en el que se burlan de los depositantes: "Ahora, por estúpidos y creer en brujas tendrán que trabajar mucho más para reponer esas platas que en gran mayoría no eran ni suyas. En nuestras sedes, les dejamos las cuatro sillas más caras que puedan existir en el mundo, por favor, cuídenlas que es un gran recuerdo de nosotros, están avaluadas en aproximadamente dos mil millones de pesos (casi un millón de dólares)" ,

La Mejicana Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que de 2000 a la fecha se han registrado 45 asesinatos de periodistas; el mayor número de esos crímenes ha ocurrido en Tamaulipas, entidad que ocupa el primer lugar, con un total de nueve casos.

En un comunicado de prensa, la CNDH señaló que la entidad que ocupa el segundo lugar en asesinatos de comunicadores es Chihuahua, con seis casos, y el tercer sitio lo comparten Oaxaca, Veracruz y Michoacán, con cuatro crímenes en cada una de esas entidades.

La CNDH destacó que, en relación con los recientes homicidios de los periodistas Miguel Angel Villagómez Valle, editor del diario La Noticia de Lázaro Cárdenas, Michoacán; David García Monroy, columnista de El Diario, de la capital chihuahuense, y José Armando Rodríguez Carreón, de El Diario, de Ciudad Juárez, Chihuahua, solicitó a las autoridades correspondientes –entre ellas las procuradurías General de la República y de Justicia estatales– “pormenores que permitan documentar las violaciones a los derechos fundamentales, a la protección de la vida, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión cometidas en contra de las víctimas”.

Abundó que cuenta con testimonios e información proporcionada en Michoacán y Chihuahua por directivos de los medios informativos en los que laboraban los periodistas asesinados, así como de sus compañeros y familiares.

El organismo señala que deplora las condiciones en que han sido victimados los informadores, en atentados que afectan además las instalaciones de los medios de comunicación, y la falta de resultados de las investigaciones para identificar a los responsables.

De igual forma, manifestó su condena a la persistente violencia en contra de los profesionales de la información, e hizo un llamado al Estado para que todos los casos de esa naturaleza sean investigados a fondo de manera profesional, se determine su relación con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y se castigue a los responsables, con lo cual se pondrá fin a la impunidad.

En ese contexto, la CNDH señaló que la agresión de que fue objeto el pasado 8 de noviembre el fotógrafo Israel García Gurrola, del periódico La Voz de la Frontera, por elementos de la Policía Federal Preventiva en Mexicali, Baja California, “supuestamente por haber captado imágenes de un convoy militar, es un agravio en contra de la libertad de prensa consagrada por la Constitución”.

Recordó que en las más recientes agresiones, entre éstas el atentado con granadas de fragmentación contra las instalaciones del diario El Debate, de Culiacán, Sinaloa, a petición de las parte ofendida se iniciaron los expedientes de queja ante la comisión.